Desde mediados de 2016, las escuelas de gestión privada de la provincia de Chaco vienen afrontando el atraso en las transferencias por parte del Estado de los aportes destinados a los sueldos y cargas sociales de los docentes.
Este año la situación se agravó, llegando en mayo a tener pendientes cinco meses de aportes para las cargas sociales y un mes de haberes, lo que significa sumas millonarias de deudas al sistema jubilatorio, a las aseguradoras de riesgo del trabajo y a las obras sociales.
Esta situación originó la reacción de los representantes legales de las escuelas, que luego de agotar todas las instancias de diálogo con las autoridades provinciales, organizaron junto a las comunidades educativas una marcha en apoyo a los establecimientos de gestión privada.
La tarde del 9 de agosto, en un ambiente de respeto y preocupación, más de cinco mil personas hicieron visible la problemática que afecta a más de cien colegios que reciben aportes estatales, y que pone en juego la subsistencia de los docentes y amenaza a miles de alumnos.
Luego de la marcha se retomó el diálogo con las autoridades para pensar alternativas de solución y un cronograma de pago de sueldos, con la promesa de llegar a fin de año cancelando los cuatro meses de aportes que se siguen adeudando. Esperamos que esta vez la palabra empeñada se cumpla y que la educación sea una prioridad para garantizar a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones. •
Antonio Pedone
BOLETÍN SALESIANO – NOVIEMBRE 2018