Con demasiada frecuencia los jóvenes de América Latina tienen que enfrentar grandes obstáculos al ingresar al mercado laboral. La primera muralla son las altas tasas de desempleo, que duplican la tasa general y triplican la de los adultos. Hay una gran cantidad de personas entre 15 y 24 años a las cuales les cuesta muchísimo encontrar un puesto de trabajo.
De hecho, en América Latina hay más de 7 millones de jóvenes que no consiguen empleo, aunque lo están buscando activamente. Pero el desempleo es apenas la punta del iceberg.
Aquellos jóvenes afortunados que sí consiguen un trabajo deben hacer frente a otra realidad: malos salarios, inestabilidad laboral, escasas perspectivas de desarrollo personal, falta de protección social y nulos derechos laborales. Todas estas son las características de un empleo informal, son los componentes de un agudo déficit de trabajo decente que está atrincherado en medio de nuestras sociedades.
Un informe que acaba de publicar la OIT indica que en América Latina y el Caribe hay al menos 27 millones de jóvenes trabajando en condiciones de informalidad. La tasa de informalidad supera el 55 por ciento.
Es decir que hay unos 35 millones de jóvenes latinoamericanos que están desempleados o trabajan en la informalidad. Este escenario plantea un desafío político complejo, pues se trata de situaciones de carácter estructural que requieren ser enfrentadas con estrategias firmes, duraderas y efectivas.
¿Por qué es necesario actuar? El alto desempleo e informalidad configuran un cuadro en el que se generan altas dosis de desaliento y frustración entre los jóvenes por la falta de oportunidades. Cuando los jóvenes solo tienen acceso a empleos de mala calidad se compromete su trayectoria laboral futura. Además se perpetúan los ciclos de pobreza de las familias y dificultan la lucha contra la desigualdad.
Por otra parte, ¿cómo afecta la situación laboral de los jóvenes su vinculación con la democracia? El desaliento puede erosionar su participación ciudadana, su relación con la sociedad e incluso su vinculación con la democracia. Los jóvenes sin oportunidades pueden ser reacios a votar, y en cambio pueden estar a la cabeza de protestas que cuestionen el sistema.
Pero además pueden verse marginados de un mercado laboral adverso. En América Latina y el Caribe hay poco más de 20 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
El tema de los jóvenes está en la agenda de numerosos gobiernos e incluso es motivo de debate político. Es evidente que hay una preocupación. Ahora, hay que pasar de la preocupación a la acción.
Esto es especialmente cierto en un momento como el actual caracterizado por una desaceleración de la economía que podría presionar a un alza en las tasas de desempleo y de informalidad a partir de 2015.
No hay recetas milagrosas para enfrentar el reto del empleo juvenil, cada país debe tomar en consideración sus realidades y necesidades. Tampoco es posible lograr resultados satisfactorios con medidas aisladas, y más bien se requiere una combinación de políticas.
En diversos países de la región se han pues en práctica medidas para abordar la situación de los jóvenes. Es importante que haya un intercambio de experiencias, que los países puedan conocer cuáles fueron las políticas más exitosas, y también oír sobre aquellas que no produjeron los resultados esperados.
También es crucial involucrar a los propios jóvenes en la búsqueda de soluciones, así como a los interlocutores del mundo del trabajo, los empleadores y los trabajadores, con la finalidad de poner en práctica estrategias consensuadas.
Cuando hablamos de dar oportunidades a los jóvenes, estamos hablando de aprovechar el potencial de la generación más preparada que hemos tenido en nuestra historia. Recordemos que estos jóvenes pueden hacer una contribución esencial para la reducción de la pobreza, para combatir la desigualdad y para contribuir con un crecimiento económico sostenible.
Por Elizabeth Tinoco, Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe