En la madrugada del 14 de mayo, el Senado de la Nación sancionó por unanimidad la ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental Integral. Conocida como “Ley de Educación Ambiental”, es fruto del trabajo conjunto entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Educación, y cuenta además con el consenso de las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente.
La nueva ley, de cumplimiento obligatorio en todas las jurisdicciones del país, plantea la creación de una Coordinación Ejecutiva, que además de articular el trabajo entre los diferentes ministerios y jurisdicciones, contará con la asistencia de un Consejo Consultivo. El mismo estará formado por representantes de pueblos originarios, estudiantes, docentes, investigadores, universidades nacionales, provinciales y privadas, guardaparques del sector público y privado, y organizaciones de la sociedad civil con interés en la educación y el compromiso ambiental, entre otros. Así se busca garantizar la representatividad y asegurar el aporte de diversas percepciones, conocimientos, saberes, valores y prácticas sobre la temática ambiental.
De acuerdo a esta norma, se entiende a la educación ambiental como un proceso permanente y busca que los y las estudiantes comprendan la interrelación de los elementos que conforman el ambiente, que respeten y valoren la biodiversidad, la equidad y la diversidad cultural, que colaboren en el cuidado del patrimonio natural y cultural. Además, la nueva ley busca el equilibrio entre diversas dimensiones: la social, la ecológica, la política y la económica. Promueve una nueva forma de habitar nuestra “casa común” y facilitará el trabajo en los ámbitos de la educación formal, informal, no formal y en los medios de comunicación.
En los últimos veinte años se presentaron varios proyectos de Ley de Educación Ambiental. Sin embargo, ninguno logró el consenso necesario ni la prioridad política para convertirse en ley; por lo que este avance presenta el desafío de modificar y enriquecer el sistema educativo actual, incorporando conciencia acerca de la crisis ambiental y su incidencia en la sociedad, especialmente en los sectores más vulnerables.
Ahora queda el trabajo de asegurar la implementación efectiva para alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial. Al mismo tiempo, es necesario profundizar la transición hacia un paradigma que reformule las prioridades de nuestro territorio y el ambiente, y tener en cuenta que los contenidos de las currículas de educación ambiental no deben legitimar intereses que respondan a modelos de “maldesarrollo”. La Ley de Educación Ambiental es una semilla que puede aportar significativamente al proceso de transformación de la realidad.
Noelia Luna
BOLETIN SALESIANO – JUNIO 2021