Un problema que no es menor

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¿Es la cárcel la mejor respuesta para los jóvenes?

Una vez más, el debate sobre la disminución de la edad mínima de responsabilidad criminal  vuelve a estar en la agenda de los medios y de la política argentina, en este caso a raíz de una serie de trágicos hechos delictivos, que dejan a su paso familias destrozadas por el dolor y vidas truncas. Una vez más —como en marzo de 2011 (Volver a mirarlos), en noviembre de 2014 (Chispa de luz) o en octubre de 2016 (Te espero a la salida)— nos volvemos a hacer la pregunta: los jóvenes en nuestro país, ¿son peligrosos o están en peligro?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó en 2013 a la Argentina por haber condenado a prisión perpetua a menores de 18 años.

¿Cuál es la situación penal de los menores de edad para la ley argentina?

A nivel nacional, el régimen penal de menores de edad se guía por el decreto ley N° 22.278 de 1980, que establece que quien no haya cumplido los 16 años no debe ser penado, y quien tuviera entre 16 y 18 sólo será sancionado si la pena excede los dos años de prisión.

De todas maneras, esa norma establece la figura de “riesgo moral”, que deja librada a la decisión del juez la posibilidad de recluir a un menor de 16 años en caso de encontrarse en una situación de carencia material. Por este motivo hay adolescentes menores de 16 que, aun siendo no punibles, se encuentran presos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó en 2013 a la Argentina por haber condenado a prisión perpetua a menores de 18 años.

Algunas provincias han avanzado en la elaboración de nuevos regímenes penales juveniles más cercanos a la normativa internacional, pero esta situación no es mayoritaria.

¿Es significativa la incidencia en el delito de los menores de 16 años?

Según los informes de Unicef en conjunto con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, en 2015 había 3908 jóvenes de hasta 17 años en dispositivos penales juveniles. El 89,5% tenían entre 16 y 17 años: del resto, 82 adolescentes menores de 16 años se encontraban en establecimientos de privación de libertad.

Al momento de intentar “medir” el delito en una sociedad, las cifras que se toman en cuenta son los correspondientes a los homicidios, ya que el registro es más confiable y riguroso producto de la gravedad de los hechos y de la intervención de numerosos actores. La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes suele utilizarse como indicador del nivel de violencia de una sociedad.

Al no haber un mismo procedimiento frente a los “inimputables”, es difícil encontrar cifras que den cuenta de la participación de menores de 16 años en estos hechos. La provincia de Buenos Aires —cuyo sistema penitenciario concentra casi la mitad de los encarcelados del país— sí cuenta con un régimen de ese tipo. Allí, en el año 2013 —último dato disponible del Ministerio Público bonaerense—, de las 1044 personas involucradas en homicidios dolosos, el 13,9% fueron menores de 18 años, y sólo el 2,9% —30 personas—, fueron menores de 16 años.

¿Cómo es la población encarcelada de nuestro país?

En Argentina, la cantidad de presos no deja de aumentar. En 2015 eran 72.693 personas, casi el doble que en el año 2000. Así y todo, esto no redujo la tasa de homicidios. En 2008, la población encarcelada era de 54.537 personas, y la tasa de homicidios fue 6,0 cada 100.000 habitantes. Según cifras del Ministerio de Seguridad de la Nación, en 2015 la tasa de homicidios fue de 6,6 —un 10% más—, mientras que la población encarcelada aumentó un 33%.

Al momento de ingresar, el 45% de los presos se encontraba desocupado. Sólo el 15% tenía un trabajo de tiempo completo.

Algunas de sus características son las siguientes:

  • La mitad de los presos se encuentra sin condena.
  • El 96% son varones, el 94% son argentinos y el 62% son menores de 35 años.
  • El 45% se encontraba desocupado y el 40% era trabajador de tiempo parcial. Sólo el 15% tenía un trabajo de tiempo completo.
  • El 72% tenía sólo estudios primarios, muchos incompletos.
  • En 2015, la franja de 18 y 20 años representó el 5,5%. El 60% manifestó estar desocupado al momento de ingresar. La tasa de encarcelamiento de estos “jóvenes adultos” en relación a las personas de su misma edad es similar a la del total de la población carcelaria.
  • A medida que disminuye el nivel educativo, es mayor la tasa de individuos privados de su libertad: entre los jóvenes de 18 a 21 años que no tienen ninguna escolaridad, la tasa de encarcelamiento se dispara a 2.977 presos cada 100.000 habitantes.

Algo mejor para los jóvenes

Ante la falta de un régimen a nivel nacional, actualizado a los estándares internacionales, fruto de un proceso de elaboración democrático y que contemple al joven como sujeto de derechos, el debate por un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil parece necesario.

Pero frente a la búsqueda de respuestas para el drama de la inseguridad, que afecta la vida de toda la sociedad —y en especial la de aquellos sectores más pobres—, quizás sea válido hacer otras preguntas. Si la enorme mayoría de la población encarcelada, al momento de ingresar no tiene estudios ni un trabajo estable, y a la vez el 5 o 6% tiene menos de 20 años, ¿es su juventud la causa del delito? Aún si la participación de menores de 16 años en hechos delictivos fuera más significativa que la actual, ¿es la cárcel la mejor respuesta que como sociedad tenemos para ellos? ¿No podemos brindar espacios superadores, que sirvan para la reinserción y no para la profundización de las desigualdades, que en definitiva los mandan a la cárcel? “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad —dice el papa Francisco en el punto 59 de la carta Evangelii Gaudium—. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia (…)”.

Por Rafael Tesoro • redaccion@boletinsalesiano.com.ar

En colaboración con equipo de redacción del Boletín Salesiano

Boletín Salesiano, marzo 2017

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